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Decreto núm. 353-2024

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Dec. núm. 353-24 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública. G. O. No. 11155 del 29 de junio de 2024.

LUIS ABINADER

Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 353-24

CONSIDERANDO: Que el 9 de agosto del año 2012 fue promulgada la Ley núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, en cumplimiento del mandato de la disposición transitoria decimosexta de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, establece los principios fundamentales, normas y criterios para la organización y el funcionamiento de los entes y órganos de la Administración Pública, para garantizar los derechos de las personas, así como la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa y de los servicios públicos, en el marco del principio de unidad de la Administración Pública.

CONSIDERANDO: Que la elaboración de un reglamento general de la Administración Pública, como consigna el artículo 86 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, tiene por objetivo implementar dicha ley a través del dictado de un conjunto coherente y organizado de normas y nomenclaturas de referencia para la Administración, que rijan la acción de gobierno y el ejercicio de la función administrativa, bajo jerarquía o tutela del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 23 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, establece que en dicho reglamento debe disponerse la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, que rige el artículo 137 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: Que la política organizativa en implementación de los principios, normas y criterios establecidos en la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, es congruente con los ejes estratégicos 1 y 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 definida en la Ley núm. 1-12, así como con los que establece el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y, por lo tanto, ha de plasmarse en los sistemas e instrumentos de planificación, seguimiento, evaluación y control de la gestión pública previstos para el cumplimiento de dichos planes estratégicos.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, en su

artículo 87 prevé que, con base en la evaluación coordinada del desempeño institucional en los diferente sectores, el o la presidente de la República impulsará, por lo menos cada 3 años, un plan de revisión general de la organización de la Administración Pública, y dictará las normas y pautas de reforma orgánica que juzgue necesarias; por lo tanto, ha de precisar las metas, objetivos y líneas de acción en materia organizacional para incorporarlos en los mecanismos de evaluación del

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desempeño institucional y la colaboración entre los órganos gestores de los sistemas nacionales de planificación, seguimiento, evaluación y control de la gestión pública, notablemente cuando esos últimos se refieren al desempeño institucional.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, del 20 de enero de 2004.

VISTA: La Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004.

VISTA: La Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 17 de noviembre de 2006.

VISTA: La Ley núm. 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, del 28 de diciembre de 2006.

VISTA: La Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, del 28 de diciembre de 2006.

VISTA: La Ley núm. 5-07, que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, del 8 de enero de 2007.

VISTA: La Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 8 de enero de 2007.

VISTA: La Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.

VISTA: La Ley núm. 41-08, de Función Pública, del 16 de enero de 2008.

VISTA: La Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 25 de enero de 2012.

VISTA: La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013.

VISTA: La Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de 2012, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, del 9 de agosto de 2021.

VISTO: El Decreto núm. 491-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 10- 07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 30 de agosto de 2007.

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VISTO: El Decreto núm. 211-10, que establece de carácter obligatorio el Modelo CAF-Marco Común de Evaluación en la Administración Pública, del 15 de abril de 2010.

VISTO: El Decreto núm. 522-11, que regula la elaboración, negociación, aprobación, ejecución seguimiento, evaluación y difusión de los contratos por resultados y desempeño, previstos en el

artículo 14 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público, del 31 de agosto de 2011.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚM. 247-12, ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Reglamento General de la Administración Pública tiene por objeto facilitar la aplicación de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de 2012, para garantizar el ejercicio de la función administrativa, en apego a la juridicidad, la jerarquía, la racionalidad, la eficiencia, la eficacia, la objetividad, la igualdad, la transparencia, la economía, la publicidad y la coordinación.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones del presente reglamento todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública bajo la dependencia del Poder Ejecutivo: la Administración Pública Central, la Administración Desconcentrada, los organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como cualquier ente u órgano que ejerza una función administrativa.

PÁRRAFO I. Quedan fuera del ámbito de aplicación del presente reglamento los entes y órganos administrativos que dependan del Poder Legislativo o del Poder Judicial, así como los órganos constitucionales extrapoder.

PÁRRAFO II. Para la aplicación de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, se considera administrativo todo ente u órgano jurídicamente habilitado a cumplir una función administrativa, de modo permanente, ocasional o provisional, a cualquier título, sea su objeto industrial, comercial o financiero, siempre que no se ejerza una función de carácter legislativo o jurisdiccional.

PÁRRAFO III. Es ente toda institución dotada de personalidad jurídica de derecho público, la cual ejerce sus funciones administrativas en nombre y responsabilidad propia. En el ámbito del presente reglamento, y en el marco de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, se contemplarán como entes administrativos: el Estado y los organismos autónomos y descentralizados.

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PÁRRAFO IV. Es órgano toda unidad administrativa, unipersonal o colegiada, sin personalidad jurídica propia, que ejerce su función administrativa en nombre del ente al que pertenece. En el ámbito del presente reglamento se contemplarán como órganos administrativos: la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios y sus respectivas dependencias, así como otras unidades que ejercen competencias y atribuciones en el seno de la Administración; también, las unidades habilitadas a actuar en nombre de los organismos autónomos y descentralizados, y las unidades habilitadas de los entes administrativos adscritos al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 3. Del o de la presidente de la República. En su calidad de autoridad máxima de la Administración Pública, el o la presidente de la República determinará y supervisará, en apego a las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, la estructura, actuación y coordinación de la Administración Pública bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 4. Dependencias directas de la Presidencia de la República. En adición a los órganos que la Constitución o la ley determinen como dependencia directa del o de la presidente de la República, este o esta contará bajo su autoridad directa, orgánica y funcional con un despacho presidencial integrado por los asesores y personal de confianza y las unidades de asesoría y de apoyo técnico que entienda necesarias.

PÁRRAFO. El o la presidente de la República establecerá, organizará y regulará por decreto las unidades que le brindan apoyo técnico y administrativo con apego a los principios que rigen la organización administrativa.

ARTÍCULO 5. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, bajo dependencia directa del presidente de la República, es el órgano rector de la juridicidad, coordinación y evaluación de los asuntos y procesos jurídicos llevados a la decisión del presidente de la República y del Consejo de Ministros. En adición de las atribuciones que le confiere el artículo 83 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, corresponderá a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo lo siguiente:

a) Revisar los anteproyectos de ley y decretos antes de su sometimiento a la o al presidente de la República, con el propósito de velar que cumplan con los requerimientos constitucionales y legales, así como para preservar el fiel cumplimiento de los estudios de impacto económico, social y jurídico de estos.

b) Dar seguimiento y apoyo logístico en relación a los litigios arbitrales en que sean partes el Estado dominicano o sus organismos autónomos y descentralizados.

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c) Velar por la oportuna tramitación al Tribunal Constitucional de los tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano, a fin de que éste ejerza la atribución constitucional de control preventivo.

d) Elaborar las instancias que eleve el presidente de la República al Congreso Nacional en ejercicio de su atribución constitucional de iniciativa legislativa.

e) Asesorar y brindar asistencia al presidente de la República, en la revisión de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, para su promulgación u observación.

f) Determinar el criterio aplicable, en caso de diferencia de interpretación de la legislación y la doctrina jurídica entre dos entes u órganos del Poder Ejecutivo.

g) Ejercer cualquier otra atribución que le sea delegada por el o la presidente de la República.

PÁRRAFO I. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo implementará la estructura organizativa que le permita desarrollar efectivamente la misión de coordinación y evaluación jurídica que le imparte el artículo 83 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

PÁRRAFO II. Cuando la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tenga observaciones, requiera aclaraciones o sugiera modificaciones concretas sobre un anteproyecto de ley, decreto o reglamento, tramitará las mismas al órgano o ente proponente para que las revise, o coordinará con éste los encuentros necesarios para su discusión. Si, luego, la Consultoría del Poder Ejecutivo mantuviere alguna opinión contraria, adjuntará su dictamen al proyecto de que se trate al tramitarlo al presidente de la República.

CAPÍTULO III DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 6. Del o de la Vicepresidente de la República. El o la vicepresidente es el titular de la Vicepresidencia de la República, quien será colaborador inmediato del o de la presidente de la República en sus funciones como jefe de Estado y de Gobierno. Ejercerá las funciones que le atribuyen la Constitución de la República, la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y las demás leyes que regulen la materia, así como las que le encargue el o la presidente de la República.

ARTÍCULO 7. Dependencias directas de la Vicepresidencia de la República. En adición a los órganos que la Constitución o la ley determinen como dependencia directa del o de la vicepresidente de la República, este o esta contará, bajo su autoridad directa, orgánica y funcional, con un despacho vicepresidencial integrado por los asesores y personal de confianza y las unidades de asesoría y de apoyo técnico que entienda necesarias.

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PÁRRAFO. El o la presidente de la República establecerá, organizará y regulará por decreto las unidades que brindan apoyo técnico y administrativo a la Vicepresidencia de la República con apego a los principios que rigen la organización administrativa.

CAPÍTULO IV DEL CONSEJO DE MINISTROS

SECCIÓN I FINALIDAD, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

ARTÍCULO 8. Finalidad. El Consejo de Ministros es el órgano de coordinación de los asuntos generales de gobierno y tiene como finalidad organizar y agilizar el despacho de los asuntos de la Administración Pública en beneficio de los intereses generales de la Nación y al servicio de la ciudadanía.

ARTÍCULO 9. Composición. Estará integrado por él o la presidente de la República, quien lo presidirá; el o la vicepresidente de la República; y los ministros y ministras.

ARTÍCULO 10. Atribuciones y competencias. Al Consejo de Ministros le compete, según dispone la ley, conocer, proponer, deliberar o aprobar las orientaciones de política pública estratégica que impliquen coordinación y racionalización de la Administración Pública, lo cual incluye las atribuciones y competencias siguientes:

a) Proponer y deliberar los lineamientos estratégicos para la elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

b) Deliberar y aprobar el marco financiero para la elaboración del Presupuesto Plurianual del Sector Público.

c) Conocer la política macroeconómica y Presupuestaria Anual del Sector Público.

d) Conocer y deliberar el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, previo a su remisión al Congreso Nacional.

e) Conocer el estado de ejecución del Presupuesto General del Estado de forma periódica.

f) Conocer el estado de ejecución del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, incluyendo lo correspondiente a los proyectos de inversión de forma periódica.

g) Conocer los planes de reforma administrativa del Poder Ejecutivo.

h) Ejercer cualquier otra atribución que le otorgue la Constitución, las leyes o el presidente de la República.

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PÁRRAFO. Las discusiones y deliberaciones del Consejo de Ministros son confidenciales y estarán siempre bajo la dirección del o de la presidente de la República o, en caso de su ausencia, del o de la vicepresidente de la República.

SECCIÓN II SESIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

ARTÍCULO 11. Participación en sesiones del Consejo de Ministros. Participarán en las sesiones del Consejo de Ministros él o la presidente de la República, quien lo presidirá; el o la vicepresidente de la República; y los ministros y ministras.

PÁRRAFO I. El o la presidente de la República presidirá las sesiones del Consejo de Ministros y, en su ausencia y por delegación expresa, el o la vicepresidente de la República.

PÁRRAFO II. La participación de los ministros y ministras es obligatoria e indelegable salvo en caso de enfermedad o de desplazamiento al extranjero o cualquier caso de fuerza mayor, debidamente justificado.

PÁRRAFO III. Toda deliberación sobre los asuntos de un ministerio determinado implica la presencia obligatoria del ministro concernido.

PÁRRAFO IV. El o la presidente de la República podrá invitar a los demás funcionarios, funcionarias y asesores que entienda pertinentes a las sesiones del Consejo de Ministros, pudiendo éstos opinar sobre los asuntos que les sean requeridos.

ARTÍCULO 12. Periodicidad y sede. El Consejo de Ministros se reúne de forma ordinaria en el Palacio Nacional sito en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional o en el lugar que indique la convocatoria del o de la presidente de la República, por lo menos una vez por trimestre y de manera extraordinaria cuando lo convoque el o la presidente de la República.

ARTÍCULO 13. Convocatoria y orden del día. El o la presidente de la República convocará el Consejo de Ministros directamente o a través de la Secretaría, con base en un orden del día que siempre será acordado por el o la presidente, aunque el Consejo de Ministros esté presidido por el o la vicepresidente de la República.

PÁRRAFO. El o la presidente de la República determinará el orden del día, tomando en consideración las propuestas hechas por las y los miembros del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría.

ARTÍCULO 14. Actas del Consejo de Ministros. Al final de cada sesión del Consejo de Ministros, la Secretaría redactará el acta de la reunión que incluirá la relación de los temas tratados en la reunión y la posición de los diferentes participantes y eventualmente una indicación de las conclusiones o decisiones adoptadas.

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PÁRRAFO I. El o la presidente de la República aprobará y firmará las actas de las sesiones del Consejo de Ministros.

PÁRRAFO II. Las deliberaciones del Consejo de Ministros tendrán carácter confidencial. Las decisiones tendrán carácter público.

PÁRRAFO III. Una vez aprobada por él o la presidente de la República, la relación de las decisiones del Consejo de Ministros se entrega a los ministros y ministras y, si fuese el caso, a los y las demás participantes.

ARTÍCULO 15. Comunicación del Consejo de Ministros. Con base en la indicación de las deliberaciones del Consejo de Ministros ratificadas por el o la presidente de la República, el Ministerio de la Presidencia establece el comunicado a la prensa que será divulgado al final de cada reunión del Consejo de Ministros.

PÁRRAFO. El o la ministra de la Presidencia actuará como portavoz del Consejo de Ministros y presentará las conclusiones a los medios de comunicación acreditados en la casa de Gobierno, respondiendo a sus preguntas, si procediere. Dicha sesión tendrá lugar inmediatamente después de cada Consejo. SECCIÓN III SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ARTÍCULO 16. Secretaría del Consejo de Ministros. El ministro o ministra de la Presidencia ejercerá la Secretaría del Consejo de Ministros y a tal efecto está encargado o encargada de lo siguiente:

a) Presentar al o a la presidente la propuesta de convocatoria y orden del día del Consejo de Ministros, para su aprobación, y distribuir la documentación correspondiente.

b) Redactar las actas y la relación de decisiones y someterlas a la o al presidente de la República para su aprobación.

c) Establecer y actualizar, con acuerdo del Ministerio de Administración Pública y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, las normas y procedimientos técnicos acordados en el Consejo de Ministros.

d) Asistir al o a la presidente de la República en el desempeño de sus funciones de Presidente del Consejo de Ministros.

PÁRRAFO I. Cuando él o la presidente de la República adopte en Consejo de Ministros una disposición, la Secretaría iniciará de forma inmediata los trámites para hacerla efectiva.

PÁRRAFO II. Las funciones de las y los miembros de la Secretaría del Consejo de Ministros constituyen parte de las funciones de sus integrantes y no dan lugar a ninguna remuneración adicional.

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CAPÍTULO V DE LOS MINISTERIOS

SECCIÓN I ESTRUCTURA DE LOS MINISTERIOS

ARTÍCULO 17. Del ministerio. El ministerio es la unidad básica de la estructura del Poder Ejecutivo en que se distribuyen los asuntos de gobierno, y el órgano central de la dirección, planificación, coordinación, seguimiento, ejecución, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes, programas y de toda actividad administrativa sobre la cual ejerce su rectoría.

PÁRRAFO. El ministro o ministra es el garante de la unidad y adecuación de la organización y funcionamiento de su sector, entendido éste como el conjunto de los entes y órganos administrativos cuyas atribuciones públicas incumben, por su materia sustantiva, a la rectoría de dicho ministerio.

ARTÍCULO 18. De la incorporación o adscripción. Todos los órganos administrativos centralizados y desconcentrados estarán organizados bajo el principio de jerarquía, y todos los organismos autónomos y descentralizados estarán adscritos bajo tutela del ministerio afín a su función considerando los criterios siguientes: 1) homogeneidad de la actividad administrativa y racionalidad organizacional; 2) simplificación y agilización de los mecanismos de toma de decisiones; y 3) fortalecimiento de la coordinación intrasectorial, intersectorial e interinstitucional del Estado.

PÁRRAFO I. Cuando la ley no haya adscrito un organismo autónomo y descentralizado a algún ministerio, su adscripción al ministerio que le corresponda se establecerá por decreto, de conformidad con el artículo 17, numeral 9, de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

PÁRRAFO II. Los proyectos de ley o decreto, según corresponda, relativos a la incorporación o adscripción de entes u órganos, que rediseñen sustancialmente los sectores ministeriales, serán conocidos en el Consejo de Ministros conforme dispone el artículo 20, numeral 9, de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

ARTÍCULO 19. Integración sectorial. La estructura sectorial de un ministerio contemplará los niveles siguientes:

a) Administración Pública Central. Conformarán la Administración Pública Central del ministerio sus órganos centrales, esto es: los órganos bajo la jerarquía directa del ministro o ministra que ejerzan, con alcance nacional, las atribuciones sustantivas superiores impartidas al ministerio y los órganos que les brindan apoyo y asesoría.

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b) Administración Pública Desconcentrada. Conformarán la Administración Pública Desconcentrada del ministerio los órganos creados sin personalidad jurídica propia, integrados en la jerarquía del ministerio, y titulares de determinadas atribuciones y competencias para ser cumplidas con un alcance nacional (desconcentración funcional) o un alcance territorial (desconcentración territorial).

c) Administración Pública Descentralizada. Conformarán la Administración Pública Descentralizada del ministerio los organismos autónomos y descentralizados bajo su la tutela administrativa.

ARTÍCULO 20. De los reglamentos de los ministerios. Los reglamentos previstos por el artículo 27 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, fijarán la estructura jerárquica de cada ministerio hasta el nivel de viceministerios, con sus respectivas atribuciones y competencias.

PÁRRAFO I. El número, denominación y atribuciones de los departamentos, divisiones y secciones de los ministerios se definirán por resolución conjunta del ministro correspondiente y el ministro o ministra de la Administración Pública.

PÁRRAFO II. Los organismos autónomos y descentralizados definirán su estructura interna y la de sus servicios desconcentrados conforme con la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública y demás normas de organización aprobadas por los ministerios rectores de los sistemas de gestión y de control de la Administración, debiendo tramitar su reglamento de organización interna al ministerio de adscripción y al Ministerio de Administración Pública para su conocimiento y registro.

PÁRRAFO III. El Ministerio de Administración Pública elaborará una guía de recomendaciones que sirva de apoyo a los municipios, distritos municipales y Distrito Nacional, para la organización de la estructura interna y de sus servicios, de conformidad con el artículo 3 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

ARTÍCULO 21. Clasificación de funciones. La estructura jerárquica de la Administración Pública se establecerá, conforme con los principios establecidos en los numerales 8, 9, 15 y 16 del

artículo 12 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, considerando el tipo de funciones y nivel de responsabilidad que cumple cada ente u órgano administrativo. A tal efecto, se distinguen las siguientes funciones:

a) Funciones sustantivas. Son las funciones centrales de la misión asignada de elaboración, planificación, regulación, dirección, coordinación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que concretan la misión específica asignada al ministerio.

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b) Funciones de apoyo. Son las funciones instrumentales y/o accesorias de planificación, programación, presupuestación y gestión de los recursos humanos, financieros, técnicos, informáticos y patrimoniales inherentes a toda institución y que no presentan ninguna singularidad debida a la misión sustantiva del ministerio.

c) Funciones consultivas. Son las funciones temporales o permanentes de representación de los intereses públicos o privados, generales o particulares, que se quiere considerar en la toma de decisión.

d) Funciones de asesoría. Son funciones temporales o permanentes de asistencia técnica o política.

ARTÍCULO 22. Estructura jerárquica. Las funciones sustantivas se distribuyen jerárquicamente en viceministerios, direcciones generales, direcciones de área, departamentos, divisiones y secciones. Las funciones de apoyo administrativas y técnicas transversales se configuran jerárquicamente en direcciones o direcciones de área y estarán directamente relacionadas al despacho del ministro o ministra, conforme con el modelo de organización para sistemas comunes y transversales aprobado por el Ministerio de Administración Pública.

PÁRRAFO I. Quedan fuera de la estructura jerárquica del ministerio los órganos consultivos representativos de intereses o de instituciones, así como los órganos de asesoría.

PÁRRAFO II. Las funciones de auditoría y control interno se organizarán conforme con las leyes y reglamentos que rigen la materia.

ARTÍCULO 23. Estructura organizativa de los ministerios. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, se establecen a continuación las siguientes reglas básicas de organización interna de los ministerios:

a) Cuando se trate de estructuras jerárquicas equivalentes a ministerios, viceministerios y organismos autónomos y descentralizados, la potestad organizativa corresponderá al Poder Legislativo.

b) Cuando se trate de estructuras jerárquicas equivalentes a direcciones generales, nacionales, ejecutivas y otros órganos similares que se creen mediante decreto, la potestad organizativa corresponderá al mismo Poder Ejecutivo.

c) Cuando se trate de jerarquías equivalentes a direcciones de área, departamentos, divisiones y secciones, la potestad organizativa corresponderá a la máxima autoridad de la institución de que se trate junto al Ministerio de Administración Pública. En este caso, el diseño de la propuesta de la estructura organizativa lo hará cada institución con el acompañamiento técnico del Ministerio de Administración Pública. Una vez formulada y acordada la estructura organizativa, la máxima autoridad de la institución de que se trate emitirá y firmará una resolución, la cual deberá ser validada por el ministro o ministra de Administración Pública.

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PÁRRAFO. Cada vez que sea necesario revisar, adecuar y actualizar las estructuras organizativas de los ministerios, el proceso podrá ser iniciado tanto por la institución de que se trate como por el Ministerio de Administración Pública, siguiendo las reglas básicas de organización interna establecidas en el presente artículo y las demás disposiciones que rigen la materia.

SECCIÓN II RELACIONES INTERORGÁNICAS E INTERSUBJETIVAS

ARTÍCULO 24. De la rectoría del sector. El ministerio es el órgano rector de las políticas públicas y de los servicios públicos que le corresponden a su sector.

PÁRRAFO. La función de rectoría de los ministerios tiene el siguiente alcance:

a) Trazar las pautas que sean necesarias para el efectivo funcionamiento del sector.

b) Velar porque el funcionamiento de los sistemas de servicios públicos de su sector se produzca con base en los principios constitucionales de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.

c) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, conforme corresponda, las políticas públicas relacionadas con su sector.

d) Facultad y capacidad para formular planes y programas.

e) Velar por el logro de los objetivos y metas del Estado, en lo que respecta a sus competencias.

f) Dirigir y rendir cuentas de la ejecución y gestión de la actividad de los órganos y entes bajo su vigilancia.

g) Ejercer su mandato legal mediante las atribuciones y competencias que le sean asignadas.

h) Ejercer, salvo disposición legal contraria, el poder jerárquico de los órganos que le estén subordinados y la tutela administrativa de los entes adscritos.

i) Disponer los apoyos técnicos, administrativos y subsidios económicos o cualquier otro instrumento de las políticas públicas a su disposición.

j) Fijar, impulsar y concertar normas, estándares, indicadores de gestión, evaluación y rendición de cuenta apropiados a las especificidades de los órganos y entes administrativos del sector.

k) Ejercer actividades de prestación de servicios públicos.

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l) Ejercer función reguladora, cuando esta no haya sido atribuida expresamente por la ley a otro órgano o ente, y siempre que no coincida con actividades de prestación de servicios públicos, de conformidad con el mandato del artículo 9 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

ARTÍCULO 25. Del poder jerárquico. El poder jerárquico es el conjunto de prerrogativas que posee un ente u órgano público, sin necesidad de habilitación expresa, en todo momento y de oficio, de dirigir y ejercer el control a priori y a posteriori de los actos de sus subordinados en virtud de los principios de jerarquía, por razones de juridicidad, oportunidad, conveniencia o mérito, a través del ejercicio de las siguientes facultades:

a) Dar órdenes, instrucciones, orientaciones, recomendaciones e instruir todas las medidas necesarias para ajustar la conducta del subordinado a la ley y a la buena administración.

b) Vigilar, avocar, revisar, revocar, anular o reformar, a priori o a posteriori, de oficio o por petición, las medidas del subordinado, basándose tanto en aspectos de juridicidad como de oportunidad, conveniencia o mérito.

c) Disponer de los gastos de los servicios en el marco de la ejecución presupuestaria, así como de recaudar las tasas que sean legalmente establecidas.

d) Desarrollar la estructura organizativa y de cargos con arreglo a las disposiciones vigentes que rigen la materia.

e) Proceder al nombramiento de los servidores y las servidoras en sus cargos, conforme con las leyes que rigen la materia y ejercer la potestad disciplinaria, cuando disponga de estas prerrogativas, en estricto apego al debido proceso administrativo y a la tutela administrativa efectiva.

f) Resolver los conflictos de competencia y de cualquier otra índole que se produzcan entre órganos subordinados.

ARTÍCULO 26. Finalidad de la tutela administrativa. La tutela administrativa es una modalidad del control irrenunciable del Estado que la Constitución de la República confiere al Poder Ejecutivo, con los fines de: 1) garantizar el respeto de los principios fundamentales de la Administración Pública y de la actuación administrativa; 2) asegurar las condiciones y normas esenciales de organización y funcionamiento de los servicios públicos; y 3) velar por el fiel cumplimiento de las políticas públicas.

ARTÍCULO 27. Definición y contenido de la tutela administrativa. La tutela administrativa es el conjunto de las prerrogativas de dirección y control que la Administración Pública Central deberá ejercer para garantizar la coherencia política de la acción de gobierno, bajo el principio de unidad de la Administración Pública. La tutela se ejerce mediante las siguientes prerrogativas:

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a) Concertar y orientar la implementación de las estrategias, objetivos, planes, programas y proyectos relacionados con las políticas públicas del Estado en el sector. A estos fines, emitir instrucciones, orientaciones, recomendaciones y observaciones y exigir coordinación en las instancias administrativas que se determinen.

b) Concertar la implementación de las políticas de fortalecimiento institucional de la Administración Pública y de evaluación de los resultados del desempeño institucional y rendición de cuenta.

c) Velar por el fiel cumplimiento de las condiciones esenciales de organización y funcionamiento de los servicios públicos que determinan la efectividad de los derechos de las personas.

d) Exigir toda la información periódica que requieran los órganos nacionales rectores de los sistemas nacionales de planificación, fortalecimiento institucional, control de gestión y toda información que requieran él o la presidente de la República y el Consejo de Ministros.

e) Adecuar y flexibilizar las modalidades de la tutela administrativa mediante los convenios de gestión plurianuales orientados a resultados previstos en los artículos 45, 81 y 82 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, siempre que la flexibilización no desvirtúe la capacidad de control del órgano superior.

f) Cualquier otra atribución que le atribuya la ley de adscripción.

ARTÍCULO 28. Del poder de nombramiento de los funcionarios y funcionarias. Conforme con las atribuciones conferidas en el artículo 8, numeral 22, de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, los ministros o ministras tienen atribución y competencia para nombrar definitivamente a los funcionarios y funcionarias de carrera y de estatuto simplificado, así como de los órganos que le estén desconcentrados.

PÁRRAFO. Para el nombramiento definitivo de los funcionarios y funcionarias de carrera, los ministros o ministras deberán contar con la resolución emitida por el Ministerio de Administración Pública.

SECCIÓN III DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 29. Desconcentración. La desconcentración como técnica de distribución de atribuciones y competencias en el seno de un mismo ente u órgano administrativo, ha de realizarse desde una instancia superior hacia una instancia inferior, manteniéndose la relación jerárquica entre ambos. La desconcentración podrá ser funcional o territorial.

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ARTÍCULO 30. Desconcentración funcional. La desconcentración será funcional cuando se transfiera el ejercicio de atribuciones y competencias con alcance nacional.

PÁRRAFO I. La desconcentración funcional tendrá por objetivo especializar y agilizar el ejercicio de competencias o la prestación de servicios públicos, confiriendo al órgano desconcentrado determinadas facultades para resolver la materia, a los fines de garantizar la racionalidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

PÁRRAFO II. La desconcentración funcional de la Administración Pública podrá disponerse por ley o decreto. Se realizará por decreto solo cuando se desconcentren competencias prestacionales o que no impliquen potestades de imperio. La desconcentración funcional dentro de los organismos autónomos y descentralizados está reservada a la ley.

PÁRRAFO III. La desconcentración funcional afectará en prioridad las funciones operativas de prestación de servicio público. Cuando, por su naturaleza, la función operativa no se pueda separar de la función de concepción o conducción estratégica, ambas se podrán desconcentrar en el mismo órgano administrativo, siempre y cuando la Administración Pública Central no pierda su capacidad técnica de conducción y control del servicio prestado.

PÁRRAFO IV. Todo proyecto de ley o decreto relativo a la creación de un órgano desconcentrado contendrá un estudio de impacto que justifique el cumplimiento de los requisitos prescritos en los

artículos 7 y 45 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, contemplando los aspectos siguientes:

a) Motivación: diagnóstico de la situación; análisis de las alternativas de solución a los problemas identificados, con sus beneficios y costos respectivos, e impactos económicos, sociales y jurídicos que motiven la solución retenida.

b) Base de evaluación ex ante y ex post: programación y organización de la evaluación al plazo de dos años que permita: 1) analizar los objetivos a evaluar; 2) determinar las características y los efectos atendidos del proyecto de desconcentración; 3) identificar las preguntas de evaluación; 4) seleccionar los indicadores de impacto; y 5) estimar el impacto en el fortalecimiento, eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

PÁRRAFO V. La recuperación por los órganos centrales de las atribuciones y competencias desconcentradas se dictará por disposición del mismo rango jurídico o rango superior al que las asignó.

ARTÍCULO 31. Desconcentración territorial. La desconcentración territorial es la distribución, mediante delegación de competencias, del ejercicio de atribuciones prestacionales dentro de una demarcación territorial determinada.

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PÁRRAFO I. La desconcentración territorial tendrá por objetivo agilizar la prestación de servicios públicos, con el propósito de facilitar el acercamiento al usuario, garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos y favorecer el ordenamiento y desarrollo equilibrado del territorio. Con base en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las leyes de organización territorial, esta desconcentración favorecerá la armonización y coordinación administrativa, mediante la creación de órganos locales con delegaciones interministeriales de competencias.

PÁRRAFO II. La creación de órganos territorialmente desconcentrados se realizará por ley o decreto. Se crearán por decreto solo cuando se transfieran competencias prestacionales. La delegación puntual de competencias a órganos existentes se realizará por decreto y/o resolución ministerial o interministerial. Los organismos autónomos y descentralizados se desconcentrarán territorialmente por decisión de su máxima autoridad.

PÁRRAFO III. Los proyectos de desconcentración territorial contendrán un estudio de impacto que justifique el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 7, 81 y 82 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública. Se contemplarán los aspectos siguientes:

a) Motivación: 1) diagnóstico de la situación local; 2) exposición de las alternativas de solución a los problemas específicos identificados tomando en consideración las oportunidades de colaboración interinstitucional y de delegación interministerial; 3) análisis de las alternativas de solución a los problemas identificados, con sus beneficios y costos respectivos; y 4) impactos económicos, sociales y jurídicos que motiven la solución retenida.

b) Base de evaluación ex ante y ex post: programación y organización de la evaluación al plazo de dos (2) años que permita: 1) analizar los objetivos a evaluar; 2) determinar las características y los efectos atendidos del proyecto de desconcentración; 3) identificar las preguntas de evaluación; 4) seleccionar los indicadores de impacto y, 5) estimar el impacto en el fortalecimiento, eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

PÁRRAFO IV. La recuperación por los órganos centrales de las atribuciones y competencias desconcentradas territorialmente se realizará por haberse agotado el plazo de ejercicio de la competencia delegada o por revocación expresa y motivada de la delegación mediante disposición del mismo rango jurídico o rango superior al que las delegó.

PÁRRAFO V. El Ministerio de Administración Pública coordinará con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo propuestas de modalidades administrativas que faciliten las delegaciones interministeriales de competencias a órganos regionales: convenio de puesta a disposición extra jerárquica de personal administrativo, mutualización de servicios o recursos humanos y/o financieros, designación de ministerio líder cuando un objetivo o servicio requiera colaboración, formulación de criterios y mecanismos transparentes de adopción de decisión del órgano designado como líder, y otras técnicas que juzguen útiles de experimentar sin desnaturalizar la competencia respectiva de los órganos centrales involucrados.

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ARTÍCULO 32. De las capacidades de los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados disponen de capacidad funcional, administrativa y financiera restringida al estricto ejercicio de las atribuciones y competencias transferidas o delegadas.

PÁRRAFO I. La capacidad funcional del órgano desconcentrado se entenderá como la facultad de ejercer, en titularidad o por delegación, determinadas atribuciones y competencias públicas.

PÁRRAFO II. La capacidad administrativa del órgano desconcentrado se entenderá como la facultad de adoptar los actos administrativos y suscribir los contratos necesarios al ejercicio de las competencias atribuidas.

PÁRRAFO III. La capacidad financiera del órgano desconcentrado se entenderá como la facultad de disponer de asignaciones presupuestarias, dentro de las categorías programáticas del presupuesto del Estado, en caso de que se haya dispuesto la creación, por resolución del ministro o de la ministra, de una unidad ejecutora, conforme con la Ley núm. 423-06, Orgánica del Presupuesto del Sector Público y su normativa complementaria.

ARTÍCULO 33. Flexibilización del control jerárquico de los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados siempre quedarán sometidos a las prerrogativas jerárquicas del ministerio o del ente administrativo que corresponda, sin que su ejercicio les sujete a decisiones que vulneren irrazonablemente el nivel de desconcentración otorgado.

PÁRRAFO I. En el marco de los convenios de gestión que se celebren, la Administración Pública Central proporcionará la autonomía de los órganos desconcentrados a los resultados logrados, siempre y cuando no renuncie a las prerrogativas de dirección, instrucción, orientación, avocación, modificación, rescisión de la delegación, control y evaluación de la gestión, así como sustituir el órgano desconcentrado ineficiente.

PÁRRAFO II. La autonomía funcional, administrativa y financiera se podrá extender, mediante las delegaciones de competencia o de firma y la flexibilización del poder jerárquico.

PÁRRAFO III. En el ámbito de la autonomía administrativa se considerarán las facultades y capacidades de autoorganización y autoadministración, de acuerdo al alcance dado en el acto de desconcentración, y siempre que no se delegue la capacidad de adoptar actos que impliquen potestades de imperio o incidan sobre los derechos e intereses de terceros.

PÁRRAFO IV. Los convenios de gestión servirán de fundamento para la determinación de las asignaciones presupuestarias. El presupuesto de los órganos desconcentrados siempre se incluirá en el Presupuesto de la Administración Pública Central o del ente del que forman parte y sus asignaciones presupuestarias se regirán conforme a lo establecido en la Ley núm. 423-06, Orgánica del Presupuesto del Sector Público.

PÁRRAFO V. La autonomía estará relacionada a la amplitud de las responsabilidades funcionales y/o territoriales conferidas y nunca conferirá o inferirá por su personalidad jurídica propia distinta de la del delegante.

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SECCIÓN IV ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS

ARTÍCULO 34. Descentralización funcional. La descentralización funcional es una técnica de organización del Estado en la que el ejercicio de determinadas atribuciones y competencias se transfieren a organismos autónomos y descentralizados, esto es: entes provistos de personalidad jurídica distinta de la del Estado, autonomía funcional, administrativa, presupuestaria y patrimonio propio, con capacidad de asumir en nombre propio la responsabilidad administrativa, civil y penal de las funciones otorgadas, bajo la tutela de la Administración Pública Central.

PÁRRAFO I. La creación de organismos autónomos y descentralizados o el otorgamiento de personalidad jurídica a un órgano existente es competencia exclusiva de la ley.

PÁRRAFO II. La descentralización funcional tendrá por objetivo especializar y agilizar el ejercicio de atribuciones y competencias cuya eficacia y eficiencia requieran autonomía y responsabilidad jurídica en consideración de: 1) las especificidades técnicas de la materia; 2) la exigencia de condiciones específicas de organización y funcionamiento del servicio público en relación con la protección de los derechos fundamentales de las personas; 3) los principios de libre competencia o de separación de las funciones reguladoras y operativas; 4) la agilización en la generación de recursos propios o facilitación de donaciones y legados; y 5) lo demás que contemple la ley. La descentralización funcional siempre será orientada al reforzamiento de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

PÁRRAFO III. Los anteproyectos de ley relativos a la descentralización funcional contendrán un estudio de impacto que justifique el cumplimiento de los requisitos prescritos en los artículos 7 y 45 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, contemplando los aspectos siguientes:

a) Evaluación ex ante: 1) diagnóstico de la situación; 2) exposición de las alternativas de solución a los problemas específicos identificados; 3) indicación de los beneficios y costos de las respectivas alternativas; 4) jerarquización de las soluciones según la eficacia y eficiencia brindada al servicio público; 5) simulación de la situación con el proyecto; y 6) impactos económicos, sociales y jurídicos de la descentralización propuesta.

b) Evaluación ex post: la programación y organización de la evaluación al plazo de dos (2) años que permita: 1) analizar los objetivos a evaluar; 2) determinar las características y los efectos atendidos del proyecto; 3) identificar las preguntas de evaluación; 4) seleccionar los indicadores de impacto; y 5) estimar el impacto en el fortalecimiento, eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

PÁRRAFO IV. La recuperación por los órganos centrales de las atribuciones y competencias descentralizadas sólo se podrá dictar por una ley que modifique y/o suprime el organismo autónomo y descentralizado.

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ARTÍCULO 35. De la personalidad jurídica de los organismos autónomos y descentralizados. La personalidad jurídica se atribuye al ente administrativo explícita y exclusivamente por ley y supone el conjunto inseparable de los elementos siguientes:

a) Atribuciones y competencias determinadas que circunscriben la especialidad funcional del ente administrativo.

b) Órganos titulares, nombrados o elegidos, con capacidad de comprometer jurídicamente el ente administrativo.

c) La facultad y capacidad de auto-organización y autoadministración.

d) Patrimonio y presupuesto propio.

e) Capacidad del ente administrativo de ser representado judicial y extrajudicialmente.

PÁRRAFO. La personalidad jurídica de los organismos autónomos y descentralizados será de derecho público.

ARTÍCULO 36. De la autonomía de los organismos autónomos y descentralizados. La personalidad jurídica confiere al organismo autónomo y descentralizado una autonomía funcional, administrativa, presupuestaria y financiera, cuyas características serán las siguientes:

a) Gradualidad. La autonomía alcanzará un grado variable según las facultades y capacidades que se otorguen.

b) Explicitud. Las facultades y capacidades que integren la autonomía deberán ser establecidas explícitamente por ley o por convenio o contrato.

c) Restricción. La autonomía sólo comprenderá las facultades estrictamente necesarias al cumplimiento de las competencias transferidas o acordadas.

d) Relatividad. La autonomía se proporcionará a la responsabilidad funcional del ente y a su capacidad de asumirla satisfactoriamente y rendir cuenta fielmente.

e) Condicionalidad. La autonomía se ponderará y ajustará adecuadamente a la calidad de los resultados logrados por el ente en el desempeño de su gestión, acorde con las metas que le han sido fijadas y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de la Administración Pública.

ARTÍCULO 37. De la autonomía funcional. La autonomía funcional es la titularidad de determinadas atribuciones y competencias públicas que circunscriben la especialidad funcional del ente.

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ARTÍCULO 38. De la autonomía administrativa. La autonomía administrativa es la facultad y capacidad del ente administrativo de gestionar y resolver los asuntos propios de su competencia y determinar su organización interna, contando con las facultades intranormativas que correspondan.

PÁRRAFO I. En el ámbito de la autonomía administrativa se considerarán las facultades y capacidades de autoorganización y autoadministración, de acuerdo al alcance dado en la ley de creación, y siempre que no se delegue la capacidad de adoptar actos que impliquen potestades de imperio o incidan sobre los derechos e intereses de terceros.

PÁRRAFO II. Las facultades que se otorguen serán siempre sujetas a las leyes que rigen los sistemas comunes y transversales en materia de: función pública, contratación pública y Presupuesto General del Estado.

ARTÍCULO 39. De la autonomía presupuestaria y financiera. La autonomía presupuestaria y financiera es facultad del ente administrativo de disponer libremente de recursos presupuestarios globalizados, lo cual implica: la facultad de determinar y recaudar los ingresos; devengar retribuciones y ordenar gastos y pagos; planificar y realizar compras, adquisiciones, licitaciones, contratos o concesiones y otros actos que impacten la capacidad presupuestaria. La autonomía presupuestaria y financiera se podrá extender, por ley, a la capacidad de generar y recaudar recursos financieros propios y/o de beneficiar de ingresos tributarios asignados.

PÁRRAFO I. La autonomía presupuestaria y financiera estará sujeta a la condición de registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas; mantener y justificar las apropiaciones y erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con el ordenamiento jurídico y rendir cuentas del uso de los recursos de acuerdo con la clasificación programada.

PÁRRAFO II. Los créditos otorgados o recaudados y el presupuesto individualizado de los organismos autónomos y descentralizados siempre se recapitularán en el Presupuesto General del Estado.

ARTÍCULO 40. Flexibilización de la tutela administrativa. Los organismos autónomos y descentralizados quedan sometidos a la tutela administrativa del ministerio que les corresponda y deberán sujetarse a las políticas, normas y estándares de gestión impuestas en su sector, siempre y cuando el ejercicio de prerrogativas tutelares no sujete la gestión descentralizada a condiciones que obstaculicen y/o vulneren el contenido esencial de la autonomía institucional del ente descentralizado.

PÁRRAFO I. La Administración Pública Central adecuará, reducirá o extenderá la autonomía de organismos autónomos y descentralizados mediante la flexibilización del control de tutela en el marco de los convenios plurianuales de gestión por resultados y mediante las políticas de desconcentración y/o de delegación de competencia a favor del ente administrativo.

PÁRRAFO II. La extensión de la autonomía presupuestaria y financiera en ningún caso podrá obstaculizar la transparencia y el control del gasto.

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SECCIÓN V NIVELES DE COORDINACIÓN INTRASECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL

ARTÍCULO 41. Gabinete ministerial. El gabinete ministerial es el órgano de coordinación interinstitucional de las políticas sectoriales a cargo del ministerio. Está integrado por el ministro o ministra, los viceministros o viceministras y las máximas autoridades de los órganos desconcentrados y de los organismos autónomos y descentralizados bajo su dependencia.

PÁRRAFO I. Cada ministerio establecerá una regulación marco mínima de su gabinete ministerial, adecuada a la configuración institucional de su sector que determinará: la periodicidad, agenda, orden del día, convocatoria de las sesiones; presencia de los miembros y representación; transcripción de las conclusiones y firma de los acuerdos eventuales. Las reuniones pueden ser temáticas o territoriales, y por lo tanto subsectoriales.

PÁRRAFO II. El gabinete ministerial desarrolla una actividad regular celebrando, en su pleno, por lo menos dos reuniones por año.

ARTÍCULO 42. Función del director o directora de gabinete. El director o la directora de gabinete es un funcionario o funcionaria de alto nivel técnico encargado o encargada de apoyar y asesorar al ministro o ministra en su misión de coordinar las políticas públicas en el sector, a nivel intra e interministerial, asegurando también el seguimiento y cumplimiento de la agenda ministerial.

PÁRRAFO. Le compete al director de gabinete lo siguiente:

a) Coordinar los asesores del ministro o ministra.

b) Planificar la agenda de los gabinetes ministeriales en concertación con los viceministros y directores responsables de los asuntos transversales (planificación, sistemas de calidad, evaluación o control).

c) Dirigir, en nombre del ministro o ministra, las reuniones, talleres y seminarios con los directores del ministerio y ejecutivos de los órganos desconcentrados y organismos autónomos y descentralizados del sector.

d) Facilitar la implementación de las políticas institucionales transversales en el mismo ministerio y en el sector que corresponda, realizando las acciones de coordinación que le correspondan o establezca el ministro o ministra.

e) Informarse de la evaluación de desempeño institucional en el sector con las unidades competentes y realizar los informes que correspondan a tal efecto con destino al ministro o ministra y viceministros o viceministras del sector.

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f) Coordinar la elaboración de proyectos de normas del ministerio, seguir su proceso y mantener informado al ministro o ministra.

g) Las demás que considere oportunas establecer o delegar el ministro o ministra.

ARTÍCULO 43. Perfil, designación y remoción del director o directora de gabinete. El director o directora de gabinete será nombrado o nombrada por el ministro o ministra. Es un servidor de libre remoción.

PÁRRAFO. El Ministerio de Administración Pública establecerá las escalas de referencia del perfil del cargo de acuerdo con las características (tamaño, complejidad organizacional) del sector.

CAPÍTULO VI DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS

SECCIÓN I REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 44. De los servicios públicos. Son servicios públicos las actividades de interés general que, por su naturaleza o por determinación de la Constitución de la República y de la ley sean cumplidas por el Estado o bajo su habilitación y control.

PÁRRAFO I. Los servicios públicos que no tengan un carácter industrial y comercial o financiero se considerarán servicios públicos administrativos, aunque tengan un objeto social, educativo, sanitario, cultural o de otra índole, y serán siempre regidos por el derecho público.

PÁRRAFO II. Se considerarán servicios públicos industriales y comerciales las actividades económicas de interés general sujetas a obligaciones y/o derechos especiales, preferenciales o exclusivos que hayan sido declarados de interés público.

PÁRRAFO III. Los entes que suplan principal o exclusivamente un servicio público industrial y comercial estarán regidos por el derecho público, salvo que la ley disponga lo contrario. Las empresas públicas que suplan un servicio público o una actividad pública económica estarán regidas por el derecho privado.

PÁRRAFO IV. Actividades públicas económicas. Se considerarán actividades públicas económicas, las actividades lucrativas o no, orientadas a la producción, extracción, generación, almacenamiento, distribución, abastecimiento, transporte, compra y/o venta de productos, bienes o servicios materiales o inmateriales, financieros o no financieros destinados a ser intercambiados en el mercado local, nacional o internacional.

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ARTÍCULO 45. De la regulación de los servicios públicos. La regulación es la facultad y capacidad primaria del Estado de determinar, normar, fiscalizar y/o sancionar la organización y el funcionamiento de un sector o subsector de la actividad administrativa o de la sociedad, con el propósito de garantizar las condiciones y normas esenciales de organización y funcionamiento de los servicios públicos y de mantener o restablecer los equilibrios coyunturales y/o estructurales que se consideren.

PÁRRAFO I. La actividad reguladora que se asigne a los entes y órganos tiene el siguiente alcance:

a) Aplicar de forma efectiva el ordenamiento jurídico vigente en materia de prestación y regulación de servicios públicos.

b) Dictar los reglamentos que sean necesarios para la prestación efectiva de los servicios públicos, cuando tengan competencia legal para ello.

c) Ejercer funciones de fiscalización de la prestación de los servicios públicos, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

d) Intervenir, de acuerdo al ordenamiento jurídico, en la fijación de las tarifas de los servicios públicos.

e) Procurar la armonización de los intereses de los usuarios y las empresas habilitadas para prestar servicios públicos.

f) Aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en su ámbito de competencia.

g) Atender y resolver los reclamos que hacen los usuarios, como consecuencia de insatisfacción con la prestación de los servicios públicos.

PÁRRAFO II. La regulación forma parte sustancial de la función rectora de todo ministerio, en específico la regulación exclusiva de los servicios públicos en los términos del artículo 147, numeral 3, de la Constitución de la República.

PÁRRAFO III. Independientemente de la transferencia de la regulación a órganos constitucionales, la función reguladora podrá ser atribuida por ley a un órgano desconcentrado o un ente administrativo. En tal caso, en el ámbito de su especialidad funcional estrictamente entendida, dicho órgano o ente regulador sustituye el ministerio en su relación con los órganos, entes, personas o empresas bajo su jurisdicción.

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PÁRRAFO IV. El órgano o ente regulador quedará incorporado o adscrito al ministerio que le corresponda, quién ejercerá la tutela en todos los aspectos que no conciernan ni afecten o vulneren la función y la autonomía otorgadas. Concertará y coordinará con la Administración Pública Central la buena ejecución de las políticas públicas y demás normas de protección de los intereses públicos.

PÁRRAFO V. El órgano o ente regulador estará regido por el derecho público y no podrá ejercer ninguna función de carácter mercantil.

ARTÍCULO 46. Principio de separación de las actividades de regulación y operación. El principio de separación orgánica de las actividades de regulación y de operación previsto en el

artículo 9 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, tiene por objetivo conciliar la intervención económica pública con los principios de libertad de empresa y de libre competencia, en los casos siguientes:

a) Los sectores o subsectores de actividad económica sometidos a la libre competición entre los particulares y los órganos y entes administrativos, públicos o privados controlados por el Estado que ofrecen servicios similares a los que brinden los particulares: en tal caso, la separación de las actividades de regulación y de operación tiene por objeto garantizar que, debido a la situación particular en que se encuentren los órganos o entes públicos en relación con otros operadores privados competidores en el mercado de referencia, no se practique discriminación ni se distorsione la libre competencia.

b) Los sectores o subsectores de actividad económica abiertos al principio de libre competencia donde las infraestructuras materiales o inmateriales esenciales a la prestación del servicio pertenecen a operadores públicos o controlados por el Estado: en tal caso, la separación de las actividades de regulación y operación tiene por objeto garantizar el igual acceso a las infraestructuras públicas previniendo los operadores públicos del riesgo de abuso de posición dominante.

c) Los sectores parcialmente abiertos a la libre competencia, en que el Estado entienda favorecer servicios públicos protegidos por situaciones privilegiadas o condiciones de financiamiento especiales o prerrogativas exorbitantes del derecho común: en tal caso, la separación de las actividades de regulación y operación tiene por objeto garantizar que, debido a la situación particular en que se encuentre la persona pública en relación con otros competidores privados que operan en el mercado de referencia, no distorsione el nivel de libre competencia definido más allá de lo que necesitan las obligaciones de servicio público o la conciliación de las libertades empresarial y competencial con los intereses públicos considerados.

d) Los sectores en que el Estado entienda favorecer la participación de los particulares y empresas privadas en la prestación de servicios públicos: en tal caso, la separación de las actividades de regulación y operación tiene por objeto garantizar que el acceso a la contratación pública y la definición de las obligaciones de servicio público y sus

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modalidades de compensación se determinen en condición de transparencia y no discriminación, sean los delegatorios de servicio público, entidades públicas o privadas con o sin participación accionarial del Estado.

e) Los sectores o subsectores en los cuales la regulación fue transferida o delegada por ley o decreto a entes de derecho público o privado que prestan un servicio mercantil a título principal o exclusivo, la separación de las actividades de regulación y operación tiene por objeto ajustar su situación al nuevo marco jurídico.

f) Los demás que contemple la ley.

PÁRRAFO I. El principio de separación de las actividades de regulación y de operación no se aplicará a las actividades de soberanía o de potestad pública, ni a los servicios públicos administrativos que gestionen actividades de solidaridad, sanitarias o educativas u otras indispensables al cumplimiento de derechos constitucionales. Quedarán también fuera del principio de separación de las actividades de regulación y de operación los servicios administrativos de salvaguardia del patrimonio cultural y natural de la Nación.

PÁRRAFO II. La separación de la regulación y de la operación podrá ser funcional mediante la desconcentración de una u otra función y preferentemente de la función operativa. La separación funcional implicará la transparencia de las relaciones orgánicas y financieras entre el órgano regulador y el órgano operativo; la contabilidad separada de los activos y pasivos del órgano operativo y la transparencia de sus fuentes de ingreso. La desconcentración de la función operativa se hará por decreto, la desconcentración de la función reguladora se hará por ley.

PÁRRAFO III. La separación de la regulación y de la operación será estructural mediante la descentralización de una u otra de las funciones o, en el caso de los organismos autónomos y descentralizados, mediante su división en dos entidades jurídicamente distintas, de tal forma que la función de regulación quede en la competencia de un ente de derecho público sin ninguna función mercantil y sin relación privilegiada con el operador. La descentralización o la división institucional competen a la ley.

PÁRRAFO IV. Cuando se trate de separación estructural de las funciones de regulación, bajo ninguna circunstancia, podrán coincidir en un mismo ente u órgano de la Administración Pública las potestades de regulación y operación de los servicios públicos, en consonancia con lo que establece el artículo 9 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

PÁRRAFO V. La participación de representantes del ministerio regulador en los consejos de dirección, administración o vigilancia de un órgano o ente operativo no vulnerará el principio de separación de la regulación y la operación.

ARTÍCULO 47. De la operación de los servicios públicos. La actividad de operación de los servicios públicos consiste en el conjunto de mecanismos y actividades que deben ser diseñados y puestos en práctica para que el Estado pueda cumplir con su rol dirigido a satisfacer el interés colectivo de las personas.

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PÁRRAFO. El Estado debe garantizar la operación de los servicios públicos de forma directa, a través de sus propios entes y órganos, o de forma indirecta, por cuenta de los particulares debidamente habilitados para tales fines, bajo los mecanismos establecidos en las leyes vigentes.

ARTÍCULO 48. Alcance de la función de operación. La función de operación de los servicios públicos tiene el siguiente alcance:

a) Organizar los sistemas de prestación de servicios públicos atendiendo a los principios aplicables y al ordenamiento jurídico.

b) Propiciar y promover las reglamentaciones y procedimientos que sean necesarios para la prestación de los servicios públicos con base en los principios de la buena administración.

c) Asegurar la prestación de los distintos tipos de servicios públicos, tomando en cuenta los derechos e intereses de los usuarios.

d) Disponer de todas las medidas que sean pertinentes para asegurar la calidad en la prestación de los servicios públicos y la atención debida a los usuarios.

e) Implementar los programas de simplificación de trámites para el acceso a los servicios públicos.

f) Viabilizar los mecanismos que permitan la participación ciudadana y que las personas canalicen las quejas y las reclamaciones respecto al funcionamiento de los servicios públicos.

g) Acoger y aplicar las medidas y herramientas relacionadas con los sistemas de evaluación y monitoreo de los servicios públicos.

h) Incorporar las herramientas tecnológicas necesarias para la prestación eficaz y oportuna de los servicios públicos.

SECCIÓN II DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 49. De las empresas públicas. Se considerarán empresas públicas las sociedades de comercio organizadas bajo el régimen de sociedades comerciales, cuyo capital pertenezca, en más de un 50% al Estado. Podrán ser creadas para asumir un servicio público no administrativo o una actividad económica pública sometida a las condiciones comunes del mercado de referencia o a un régimen particular. Operarán en estricto apego a los principios de subsidiaridad y de trato igualitario a la inversión pública frente a la privada, contenidos en la Constitución.

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PÁRRAFO I. El mandato de creación de las empresas públicas será establecido por ley o decreto, debiendo constituirse en cualquier caso, de acuerdo a los requisitos y criterios establecidos en la ley de sociedades comerciales.

PÁRRAFO II. La coparticipación accionaria del Estado con particulares será posible previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Para la venta o reducción de cualquier tipo de participación accionaria estatal, deberá obtenerse la aprobación del Congreso Nacional.

PÁRRAFO III. La representación de la participación estatal accionaria o administrativa en empresas públicas será establecida mediante decreto.

PÁRRAFO IV. Las empresas públicas gozarán de autonomía operacional y su organización responderá a los criterios empresariales del sector en el que operen, quedando sometida a los principios de transparencia, eficiencia y control del Estado, así como a cualquier ley que regule la materia.

CAPÍTULO VII COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECCIÓN I COMISIONADOS Y COMISIONES PRESIDENCIALES O INTERMINISTERIALES

ARTÍCULO 50. Comisionados y comisiones presidenciales o interministeriales. Los comisionados son órganos de asesoría administrativa, designados por el o la presidente de la República, por decreto, para el examen y consideración en la materia determinada, de aspectos de coordinación de políticas, planes, programas o proyectos. A los mismos fines, el o la presidente de la República puede, a propuesta del Consejo de Ministros, crear por decreto comisiones presidenciales o interministeriales que agrupen funcionarios y personas externas a la Administración Pública.

PÁRRAFO I. Los comisionados y comisiones presidenciales o interministeriales emiten opiniones, dictámenes, observaciones, propuestas, conclusiones y recomendaciones, sin carácter vinculante.

PÁRRAFO II. Para evitar duplicidades en la Administración Pública, los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales serán, salvo excepción debidamente justificada, órganos temporales y no ejercerán ninguna función operativa ni tendrán unidades administrativas ejecutivas. Dichos órganos funcionarán con el apoyo técnico, administrativo y operativo de los ministerios que los integran.

PÁRRAFO III. Los comisionados y comisiones presidenciales o interministeriales rinden cuenta de su misión al o a la presidente de la República.

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ARTÍCULO 51. Decreto de creación y modificación de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales. El presidente de la República determinará en el decreto de creación o modificación la naturaleza, miembros y objetivos de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales. En aquellos casos en que sean temporales, el decreto indicará su tiempo de duración.

ARTÍCULO 52. Atribuciones de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales. Corresponde a los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales:

a) Examinar cuestiones, aspectos o criterios que implican el examen conjunto de los órganos y entes pertenecientes a sectores diversos y formular medidas para agilizar el cumplimiento, seguimiento o implementación coordinada de las políticas públicas o asuntos deliberados en el Consejo de Ministros.

b) Estudiar aquellos asuntos que afecten a varios sectores y requieran la elaboración de una propuesta conjunta que será elevada al Consejo de Ministros.

c) Examinar y considerar toda materia de interés general que pueda aprovecharse del aporte de especialistas externos a la Administración Pública. Las conclusiones y recomendaciones derivadas deberán ser remitidas a los ministros correspondientes.

d) Cualquier otra que les sea asignada por el presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

ARTÍCULO 53. Funcionamiento de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales. De no disponerse en el decreto de creación las reglas de funcionamiento interno de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales, se adoptarán mediante resolución del ministro encargado de la coordinación, conforme a los principios y reglas generales que rigen la materia.

PÁRRAFO. Las conclusiones o acuerdos de los comisionados y las comisiones presidenciales o interministeriales se adoptan por mayoría absoluta de votos. Remitirán periódicamente informes de los avances de sus trabajos al ministerio encargado de la coordinación. Asimismo, cualquier gasto en que deban incurrir deberá ser presupuestado y asumido por el ministerio que las coordine.

SECCIÓN II CONSEJOS CONSULTIVOS

ARTÍCULO 54. Consejos consultivos. Los consejos consultivos creados por ley o decreto en el ámbito nacional, sectorial, intersectorial, local o interterritorial, con el propósito de organizar la consulta y participación de la sociedad civil en la Administración Pública son órganos colegiados con facultad de opinar, recomendar o proponer, sea de oficio o a solicitud del ente u órgano competente.

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ARTÍCULO 55. Integración institucional de los consejos consultivos. La ley o decreto de creación determinará las autoridades públicas y personas representativas de los sectores económicos, laborales, sociales y culturales que integren los consejos consultivos.

PÁRRAFO. Los consejos consultivos están adscritos a los ministerios que les competen y cuando tengan una vocación transversal, intersectorial o interterritorial estarán adscritos al Ministerio de la Presidencia.

ARTÍCULO 56. Estructura orgánica y funcional interna de los consejos consultivos. Los consejos consultivos dispondrán de las unidades de apoyo técnico-administrativo estrictamente necesarias a la formulación de su dictamen y no desarrollarán unidades ejecutivas u operativas.

SECCIÓN III ÓRGANOS COLEGIADOS

ARTÍCULO 57. Régimen de los órganos colegiados. El régimen de los órganos colegiados, así como la participación en estos de autoridades y funcionarios públicos, es el desarrollado en el reglamento de aplicación de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de conformidad con esa misma ley, la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública y cualquier otra que regule la materia.

CAPÍTULO VIII POLÍTICAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN I PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS ORGANIZATIVAS

ARTÍCULO 58. Conducción estratégica institucional. Cada ministro o ministra orientará, seguirá, controlará y autoevaluará su gestión propia y la de las unidades desconcentradas incorporadas a su ministerio, así como ejercerá la tutela administrativa sobre las unidades descentralizadas adscritas a su ministerio.

ARTÍCULO 59. Estrategia de fortalecimiento institucional. Para mejorar su eficacia y eficiencia organizativa, cada ministerio implementará en su sector una estrategia de fortalecimiento institucional que concretice las políticas organizativas de la Administración Pública definidas en el presente capítulo y cuya evaluación servirá de base a la revisión trienal de la organización administrativa que emprenda el o la presidente de la República conforme con lo dispuesto en los

artículos 86 y 87 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de Administración Pública.

PÁRRAFO I. Los objetivos, programas y líneas de acción del plan de fortalecimiento institucional precisarán:

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a) Su coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y demás planes nacionales establecidos en la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.

b) Los resultados esperados medidos por indicadores cuantitativos según un ritmo anual de progresión.

c) La metodología de evaluación aplicada y su conformidad o compatibilidad con los sistemas transversales de gestión pública y control interno, y demás normas que fijen sus respectivos órganos rectores.

PÁRRAFO II. Los organismos autónomos y descentralizados adaptarán sus propios planes a la estrategia de fortalecimiento institucional establecida por el ministerio al cual estén adscritos.

ARTÍCULO 60. Coordinación interinstitucional. El Ministerio de Administración Pública coordinará con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para proponer un marco coherente de normas, preceptos y metodologías que facilite la autoevaluación de las políticas de fortalecimiento institucional en el sector. Además, colaborarán en materia de fortalecimiento institucional y con pleno respeto a sus atribuciones respectivas, en el ejercicio de las responsabilidades siguientes:

a) Asesorar a las entidades del sector público en la elaboración, seguimiento y autoevaluación de su estrategia institucional.

b) Certificar la coherencia de las políticas públicas observadas en el sector con las que monitorean y la fiabilidad de los resultados publicados.

PÁRRAFO. Para agilizar la coordinación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Administración Pública se organizarán como lo estimen más eficaz y podrán consentirse mutuamente delegación de competencias o de firma. Además, integrarán, si es necesario, otros órganos rectores de políticas o sistemas transversales o de control interno. Cuando se trate de temas que tengan incidencia financiera participará el Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 61. Coordinación y concertación sectorial. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional estarán establecidos en cada sector bajo la responsabilidad del ministro o ministra, con base en un diálogo de gestión estratégica con los órganos desconcentrados y los organismos autónomos y descentralizados del sector. Se tomarán en cuenta para la negociación y suscripción de los convenios de gestión.

ARTÍCULO 62. Participación de la sociedad civil. Salvo por las excepciones dispuestas en las leyes que regulan la materia, el plan estratégico de fortalecimiento institucional se pondrá a disposición del público por vía electrónica y se someterá a debate público antes de su adopción. El plan definitivo mencionará la consideración tomada de las principales conclusiones de la consulta.

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PÁRRAFO I. La calidad de la información y la participación de la sociedad civil formará parte de los elementos evaluados.

PÁRRAFO II. El plan estratégico de fortalecimiento institucional en el sector, así como los resultados de su evaluación interna o externa estarán a disposición del público de modo permanente.

ARTÍCULO 63. Objetivos estratégicos institucionales. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional contemplarán objetivos generales y específicos, programas o líneas de acción con medición de resultados anuales y trienales relacionados de forma acumulativa con los tres ejes siguientes:

a) Eje 1: Racionalidad administrativa.

b) Eje 2: Calidad de la gestión pública.

c) Eje 3: Participación y control ciudadano.

PÁRRAFO. Los indicadores de resultados relacionados con el fortalecimiento institucional estarán definidos por el ministerio del sector, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública y los órganos rectores de las políticas transversales.

SECCIÓN II RACIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 64. Mejora regulatoria y simplificación del marco jurídico. De conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, el Ministerio de Administración Pública (MAP) es el órgano de supervisión y coordinación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites y estará a cargo de establecer los lineamientos para garantizar la calidad de las regulaciones y la generación de trámites eficientes, transparentes y ágiles.

PÁRRAFO I. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional de los ministerios medirán el ritmo de progresión de la evaluación del impacto de las principales normas y la simplificación del marco jurídico, precisando las metodologías utilizadas.

PÁRRAFO II. Todos los proyectos de ley o decreto que establezcan o revisen tramitaciones administrativas que impacten directamente los ciudadanos o usuarios deberán justificar la necesidad, oportunidad y proporcionalidad del trámite propuesto con respecto a los principios de accesibilidad y simplicidad de la Administración Pública.

PÁRRAFO III. Los ministerios someterán a revisión sistemática las normas vigentes en el ámbito de sus atribuciones y competencias y presentarán a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo proposiciones concretas de simplificación del marco jurídico por supresión de las normas obsoletas,

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redundantes o nocibles. Igualmente, someterán los anteproyectos de ley, decreto o reglamento que propongan a un estudio previo de impacto que permita al o a la presidente de la República juzgar su oportunidad con respecto al objetivo de simplificación del marco jurídico.

ARTÍCULO 65. Simplificación de las estructuras administrativas. Cada ministerio someterá su sector, por lo menos cada tres años, a un diagnóstico institucional que examine la racionalidad de su estructura organizacional e identifique las duplicaciones de funciones, inadecuaciones de estatuto o atribuciones y dificultades o incumplimientos que se deberían corregir para optimizar su eficacia y eficiencia. Con base en tal diagnóstico y en concertación con el Ministerio de Administración Pública cada ministerio diseñará un programa de fusión, supresión, reestructuración de órganos o entes en el sector con un calendario de vencimiento de plazos.

PÁRRAFO. En la perspectiva de los estudios de impacto previstos en el artículo 7 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, las propuestas de creación de nuevos órganos o entes administrativos deberán contemplar un análisis de la necesidad, oportunidad y racionalidad de la creación, de la forma jurídica elegida y del impacto sobre el gasto público y una propuesta correlativa de reducción de los órganos o entes ejerciendo funciones o atribuciones similares.

SECCIÓN III CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 66. Evaluación sistemática. El desarrollo de la capacidad de evaluación y autoevaluación es una responsabilidad esencial de todo ministerio. A tal efecto, todo ministerio deberá construir una visión colectiva y operacional del proceso de racionalización y modernización de su organización propia y de la del sector, implementando una cultura de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

PÁRRAFO I. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional dedicarán líneas de reforzamiento de las capacidades de autoevaluación o evaluación de la organización administrativa que integren, detallen, alimenten o completen los sistemas transversales de evaluación, auditoría y control interno del Estado.

PÁRRAFO II. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional de cada ministerio integrarán el diseño y la implementación de líneas de acción, mecanismos y herramientas que fortalezcan sus capacidades de evaluar su propia estructura y la de sus dependencias y destacarán indicadores de resultados relacionados con: 1) la simplificación de su estructura orgánica; 2) la simplificación de los trámites administrativos; 3) la implementación de los sistemas de calidad en la gestión de los recursos humanos; 4) la implementación de los sistemas de certificación; 5) los logros en materia de facilitación de la información y comunicación interna y externa; y 6) la implementación de instrumentos de planificación y sistemas transversales de gestión pública y control interno.

PÁRRAFO III. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional de cada ministerio integrarán igualmente el diseño y la implementación de líneas de acción, mecanismos y herramientas que fortalezcan las capacidades de los organismos autónomos y descentralizados

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adscritos para evaluar y rendir cuentas de su gestión mediante indicadores de resultados que permitan al ministerio medir: 1) el impacto de su conducción estratégica; 2) su capacidad de retroalimentar su liderazgo del sector; y 3) el progreso en los organismos administrativos adscritos de una cultura por resultados.

PÁRRAFO IV. Los ministerios se dedicarán a reforzar las capacidades de autoevaluación de los órganos desconcentrados y organismos autónomos y descentralizados, diseñando indicadores, guías y capacitaciones en todos los aspectos que requiera la coherencia de las políticas públicas del sector.

ARTÍCULO 67. Principios rectores de la evaluación de la gestión pública. El diseño de los instrumentos, indicadores y metodologías de las políticas de fortalecimiento institucional obedecerá a los principios rectores de responsabilidad, obligatoriedad, transparencia, coordinación y publicidad.

PÁRRAFO I. Cada ministerio definirá los instrumentos, indicadores y metodologías de medición que juzgue más apropiados a las especificidades de su sector, siempre y cuando sean compatibles con los principios, preceptos, normas y metodologías de evaluación y control interno emitidas por los órganos rectores de los sistemas transversales de gestión pública. Los datos y resultados estarán presentados en forma agregada para todo el sector y de forma individualizada por entidad jurídica, salvo recomendación contraria de uno u otro de los órganos rectores de los sistemas transversales de gestión pública.

PÁRRAFO II. Toda evaluación o autoevaluación implicará indicadores de resultados cuantitativos y verificables definidos con base en metodologías internacionalmente aceptadas.

PÁRRAFO III. Los aspectos de política organizativa de la planificación en la Administración Pública implicarán una coordinación técnica al nivel interministerial, a nivel del sector y subsector, las cuales se manifiestan de la manera siguiente:

a) Coordinación técnica interministerial. Los objetivos, programas y líneas de acción y sus indicadores en materia de fortalecimiento institucional estarán elaborados en concertación con el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los ministerios concernidos se comprometerán a publicar una guía actualizada de los criterios e indicadores de evaluación pertinentes para sus respectivas atribuciones y adoptarán de un común acuerdo la forma de coordinación que les parezca la más adecuada.

b) Coordinación técnica interna al sector. La coordinación del ministerio con los órganos y entes bajo su vigilancia será conducida a nivel del gabinete ministerial por el ministro o ministra.

c) Coordinación técnica interna al subsector. La coordinación con los órganos y entes de un subsector será conducida por el viceministro o, bajo la responsabilidad de este, por el director general o el director de área competente, informando constantemente al director de gabinete.

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PÁRRAFO IV. Los instrumentos, indicadores y metodologías de evaluación estarán puestos a disposición del público y transmitidos a los órganos y organismos evaluados en forma de guía de evaluación comentada.

SECCIÓN IV PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO

ARTÍCULO 68. Participación popular. Los planes estratégicos de fortalecimiento institucional formularán programas de dinamización de la participación popular que desarrollen los objetivos siguientes:

a) Transparentar las relaciones entre la Administración Pública y las personas, y facilitar el acceso libre y gratuito de las personas a la información relativa a sus derechos en todo tipo de procedimiento administrativo.

b) Reorganizar los consejos, comisiones y órganos consultivos a fin de que faciliten la participación ciudadana.

c) Asegurar la ética y transparencia de la participación popular, y de la representación de los intereses en las consultas, velando por la prevención de los conflictos de intereses y la objetividad e imparcialidad en el tratamiento y seguimiento dado a las proposiciones y conclusiones populares.

ARTÍCULO 69. Gobierno electrónico. Cada ministerio se comprometerá en reforzar la contribución de los órganos y entes de su sector al cumplimiento del plan estratégico adoptado en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y la democracia participativa.

PÁRRAFO I. El órgano del Poder Ejecutivo competente en materia de implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) brindará asesoría técnica a los programas y proyectos más relevantes que emprendan las instituciones.

PÁRRAFO II. Los programas de implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) velarán por la igualdad de acceso y por la cohesión social y territorial mediante la distribución equitativa en todo el territorio nacional de los medios de comunicación electrónica.

SECCIÓN V UNIDAD OPERACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 70. Integración operacional. Con base en el principio de unidad de la Administración Pública, los organismos autónomos y descentralizados concurrirán al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos del desarrollo nacional y compartirán los esfuerzos de racionalización y modernización de la Administración Pública. Los planes

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estratégicos de fortalecimiento institucional de los ministerios definirán programas o líneas de acción para mejorar la integración operacional de los organismos autónomos y descentralizados de su sector con los objetivos siguientes:

a) Mejorar el conocimiento de los organismos administrativos intervinientes en el sector.

b) Asociar dichos organismos al cumplimiento de la estrategia de fortalecimiento institucional, la calidad de los servicios y la participación ciudadana.

c) Reforzar el diálogo estratégico mediante los convenios de gestión.

d) Reforzar la transparencia de la gestión de los organismos autónomos y descentralizados con base en la evaluación del desempeño institucional por resultados.

e) Establecer una doctrina clara de la racionalidad que el ministerio entiende aplicar, fijando plazos razonables de reforma de la estructura administrativa del sector, con base en las rendiciones de cuentas y evaluación interna y externa.

f) Definir un marco de referencias éticas del servicio público común a los órganos de la Administración Pública Central, desconcentrada y descentralizada.

g) Favorecer la coherencia de las políticas públicas mediante la influencia en los consejos colegiados, deliberativos, ejecutivos o consultivos de los organismos, sin que en ningún momento la presencia del ministro o su representante en los consejos directivos exima al ministerio de las otras formas de tutela.

PÁRRAFO I. La participación de los organismos autónomos y descentralizados será tomada en cuenta en la evaluación de las políticas públicas del sector.

PÁRRAFO II. Los programas de simplificación administrativas deberán expresar la estrategia de racionalización, incluyendo la evolución deseada de la distribución de atribuciones y competencias en el sector, los proyectos de fusión y reestructuración, así como la evolución estatutaria y estrategia territorial.

PÁRRAFO III. El Ministerio de Administración Pública formará un grupo de trabajo interinstitucional con el objetivo de formar propuestas para mejorar la profesionalización de la tutela administrativa y optimización de la eficacia de los organismos descentralizados en las políticas públicas del Estado e iniciará un programa de capacitación de los funcionarios y servidores a cargo de la gestión de las relaciones tutelares y contractuales o convencionales con los órganos desconcentrados y organismos adscritos y establecerá un informe anual sobre la ejecución del presente artículo en los diferentes sectores.

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ARTÍCULO 71. De los convenios de gestión entre órganos y entes de la Administración Pública. Los convenios de gestión establecidos por la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, son instrumentos plurianuales concertados entre el ministro o ministra y los organismos autónomos y descentralizados adscritos a su ministerio con el propósito de adaptar el ejercicio de las potestades de tutela a la eficacia y eficiencia de los entes tutelados, tomando en cuenta su situación objetiva y especificidades respectivas.

PÁRRAFO I. Los convenios de gestión se podrán celebrar entre la Administración Pública Central competente y sus órganos desconcentrados, aunque no tengan personalidad jurídica.

PÁRRAFO II. Los convenios de gestión estarán negociados con base en la calidad de la gestión o prestación de servicio medida por indicadores relacionados a los elementos siguientes:

a) La satisfacción de los usuarios.

b) La observación de los resultados logrados en el pasado.

c) Las perspectivas de mejoramiento en la realización de sus planes, objetivos, programas y proyectos de corto y medio plazo (4 años).

d) La calidad de la información compartida en relación con el desempeño institucional.

e) La fiabilidad y razonabilidad de las decisiones aprobadas.

f) La satisfacción de las prioridades, normas y demás indicadores de resultados que establezca el ministerio rector, en la materia.

PÁRRAFO III. La evaluación se basará tanto en la capacidad de autoevaluación del ente administrativo como en los resultados regulares evaluados externamente.

PÁRRAFO IV. Los convenios de gestión estarán sometidos, previo su conclusión definitiva, al dictamen del Ministerio de Administración Pública y puestos a disposición del público.

PÁRRAFO V. Los convenios de gestión servirán de base a las políticas de reforzamiento de la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria o financiera de los órganos y entes administrativos. Proporcionarán la asignación de recursos humanos y financieros a la calidad y eficacia de la conducción del fortalecimiento institucional tomando en consideración la efectividad y sinceridad de los resultados.

PÁRRAFO VI. Compete exclusivamente a la ley atribuir, transferir o delegar las facultades siguientes:

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a) Determinar las condiciones y normas esenciales de organización y funcionamiento de los servicios públicos.

b) Disponer de potestades de imperio o que incidan en los derechos de las personas e intereses de los terceros o regular el procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos que les afecten.

c) Exceptuar la aplicación de las normas reglamentarias vigentes.

d) Establecer impuestos, tributos, contribuciones o tasa, beneficiar de fuentes tributarias afectadas.

e) Recaudar recursos financieros propios.

f) Enajenar o dar en garantía bienes públicos.

g) Suscribir contratos sometidos a la aprobación del Congreso.

h) Gestionar actividades reservadas a los establecimientos de crédito e instituciones financieras del Estado.

i) Revisar o regular el estatuto de los funcionarios públicos y las condiciones de acceso a la función pública.

j) Todas las competencias que la Constitución de la República reserve a la ley.

PÁRRAFO VII. La vulneración, abstención o renuncia total al ejercicio de la tutela administrativa, por compromiso o carencia, de un órgano o ente administrativo del Poder Ejecutivo, de hecho, o derecho, en una posición de exterioridad institucional del mismo Poder Ejecutivo constituye un incumplimiento grave de los principios fundamentales de la Administración Pública y una violación del orden jurídico.

ARTÍCULO 72. Convenios de gestión entre la Administración Pública y las organizaciones no gubernamentales. Los entes y órganos de la Administración Pública, con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la ejecución de las actividades administrativas, podrán celebrar convenios de gestión con organizaciones no gubernamentales, mediante los cuales se establecen compromisos para la obtención de determinados resultados en los respectivos ámbitos de competencia, así como las condiciones para su cumplimiento, como contrapartida al monto de los recursos presupuestarios asignados.

PÁRRAFO. Las demás condiciones, alcances y mecanismos de evaluación de la ejecución de las actividades contenidas en los convenios de gestión suscritos entre la Administración Pública y las organizaciones no gubernamentales serán consignados en el propio convenio.

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ARTÍCULO 73. Del apoyo a la implementación de las políticas organizativas por los municipios. El Ministerio de Administración Pública transmitirá al Distrito Nacional y los municipios que prevén normas de aplicación de los objetivos y principios establecidos en la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública en el ámbito de su administración territorial, todos los datos, recomendaciones y guías metodológicas que éstos le requieran.

SECCIÓN VI REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 74. Elaboración de la propuesta de revisión. Con base en la evaluación ex post de su plan estratégico de fortalecimiento institucional, cada ministerio establecerá un diagnóstico de la organización administrativa en su sector y el programa de revisión que necesite, remitiendo el mismo y la propuesta al Ministerio de Administración Pública.

PÁRRAFO. El Ministerio de Administración Pública elaborará, cada 3 años, un diagnóstico institucional de cada sector, con base en los resultados enviados por los ministerios y órganos que monitorean sistemas de evaluación y control. Presentará el informe al o a la presidente de la República y al Consejo de Ministros con las reformas que recomiende.

ARTÍCULO 75. Plan de revisión general de la Administración Pública. Con base en la propuesta del Ministerio de Administración Pública, el presidente de la República adoptará el plan trienal de reestructuración de la Administración Pública que resulte conveniente.

CAPÍTULO IX DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 76. Transitorio. El Ministerio de Administración Pública coordinará los procesos de readecuación de la estructura interna de los ministerios que deriven de lo dispuesto en el presente reglamento, dentro de un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigencia.

PÁRRAFO I. Los consejos consultivos que se hayan convertido en unidades de gestión sustantivas u operativas, perdiendo su carácter originario, podrán ser integrados a la estructura interna del ministerio correspondiente con el rango idóneo a sus funciones efectivas y la denominación que resulte más conveniente, si así lo considerare el ministro correspondiente. En caso contrario, se deberá disponer su supresión.

PÁRRAFO II. Los consejos que requieran unidades ejecutivas u operativas, y cuya estructura de representación pluralista de los intereses o instituciones constituya una especificidad esencial de su dirección y misión, serán incorporados en la jerarquía de un ministerio en calidad de servicios desconcentrados funcionalmente y podrán guardar su denominación.

ARTÍCULO 77. Derogaciones. El presente reglamento deroga cualquier disposición de igual o inferior jerarquía que le sea contraria.

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ARTÍCULO 78. Entrada en vigor. El presente reglamento entrará en vigor tras su publicación.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), año 181 de la Independencia y 161 de la Restauración.

LUIS ABINADER

Notas de revisión

  • Pendiente de revisión humana.
  • Estado de extracción: extraido_desde_pdf_oficial.
  • Texto extraído automáticamente del PDF oficial y refluido para legibilidad; cotejar contra el PDF.
  • El PDF contenía fragmentos de decretos vecinos; se delimitaron usando sus encabezados oficiales.