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Decreto núm. 092-2022

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Dec. núm. 92-22 que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental, que definirá y orientará el intercambio de Información entre las instituciones públicas del Estado dominicano, para el fortalecimiento del Gobierno Digital y la medición de los avances de interoperabilidad de las instituciones públicas.

LUIS ABINADER

Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 92-22

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece como deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República expone que el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad y deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16 de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, dispone que la transversalidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como instrumento para mejorar la gestión pública, fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación de acceso a los mismos.

CONSIDERANDO: Que la referida ley instituye como uno de sus objetivos impulsar el desarrollo del Gobierno sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004, establece que cuando no se trate de datos personales, especialmente protegidos por el derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano, las administraciones podrán permitir el acceso directo a las informaciones reservadas,

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recopiladas en sus acervos, siempre y cuando sean utilizadas para el giro normal de las competencias de los entes y órganos solicitantes y se respete, en consecuencia, el principio de adecuación al fin público que dio sentido a la entrega de la información.

CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 1090-04, que creó la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC) como dependencia directa del Poder Ejecutivo, dispuso que esta era responsable de la formulación de políticas y la implementación del proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la transformación y modernización del Estado hacia la Sociedad de la Información, promoviendo la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad, interoperabilidad y estandarización en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 229-18, que establece el Programa de Simplificación de Trámites (P.S.T.), por igual delega en la antigua Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), como responsable del diseño, desarrollo, adecuación y mantenimiento de las plataformas electrónicas, de conformidad con la Metodología de Simplificación de Trámites.

CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 640-20, al crear el Programa de Gobierno Eficiente “Programa Burocracia Cero” para promover la simplificación de los trámites y servicios y la mejora de la calidad de regulaciones, establece que la coordinación de este programa será responsabilidad del Ministerio de la Administración Pública (MAP) con el apoyo de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) para la automatización y digitalización de los trámites y servicios.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 41-08, de Función Pública, en su artículo 7, otorga al Ministerio de Administración Pública (MAP) la competencia de órgano rector del desarrollo del gobierno electrónico, asignándole, además, en el numeral 14 del artículo 8, la atribución de diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización de sistemas de información y procesos mediante el desarrollo e implantación de tecnologías de informática y telemática.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 85, numeral 2, asigna al Ministerio de Administración Pública (MAP) la atribución de diseñar, de conformidad con las orientaciones que dicte el presidente de la República, las políticas, planes, estrategias, metodologías, procesos, instrumentos, sistemas de información, bases de datos y cualquier otra herramienta que juzgue necesaria para el cumplimiento de su misión.

CONSIDERANDO: Que los artículos 4 y 6 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, reconocen el derecho de las personas a no presentar documentos ya en poder de la Administración Pública o que versen sobre hechos no controvertidos o no relevantes.

CONSIDERANDO: Que el artículo 3, numeral 13, de la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de tecnologías de información y comunicaciones de interconectar datos y

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procesos para compartir información y conocimiento dentro del marco de la protección, la ética y la seguridad, de manera ágil, eficiente y transparente entre las administraciones públicas. Asimismo, los artículos 34 y 35 de la referida ley disponen las atribuciones del Ministerio de Administración Pública y la Oficina Gubernamental de la Información y Comunicación (OGTIC) como órganos rector y ejecutor, respectivamente.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, en su artículo 34, otorga al Ministerio de Administración Pública la rectoría de la interoperabilidad al establecer que “los entes y órganos de la Administración Pública deberán utilizar las tecnologías de la información y comunicación en sus relaciones con las demás administraciones y con los usuarios, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad y la protección de datos de los administrados, conforme las políticas, normativas y lineamientos que establezca el Ministerio de Administración Pública (MAP), en su calidad de órgano rector”.

CONSIDERANDO: Que, en la actualidad, las instituciones públicas están desarrollando de manera individual y descentralizada sus sistemas de tecnologías de información y servicios, sin una gobernanza que establezca los mecanismos de interacción de datos y servicios debajo de una política ordenada de cooperación y transferencia de información.

CONSIDERANDO: Que el establecimiento de un lenguaje común para el intercambio de datos permitirá una mejor comunicación entre las instituciones públicas, lo cual permitirá escalar la optimización de los servicios públicos digitales.

CONSIDERANDO: Que el desarrollo de un Marco Nacional de Interoperabilidad significará un avance en materia de implementación de nuevas herramientas de tecnologías de información que permitirá la cooperación interinstitucional influyendo en la optimización de las prestaciones de servicios públicos y la transparencia de las instituciones del Estado.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 158-98, General de Telecomunicaciones, del 27 de mayo de 1998.

VISTA: La Ley núm. 126-02, de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, del 4 de septiembre de 2002.

VISTA: La Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004.

VISTA: La Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, del 23 de abril de 2007.

VISTA: La Ley núm. 1-12, Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, del 25 de enero de 2012.

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VISTA: La Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de 2012.

VISTA: La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013.

VISTA: La Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, del 13 de diciembre de 2013.

VISTA: La Ley núm. 42-08, sobre la Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008.

VISTA: La Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, del 9 de agosto de 2021.

VISTO: El Decreto núm. 362-01, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 14 de marzo de 2001.

VISTO: El Decreto núm. 335-03, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, del 8 de abril de 2003.

VISTO: El Decreto núm. 1090-04, que crea la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC), como dependencia directa del Poder Ejecutivo.

VISTO: El Decreto núm. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, del 25 de febrero de 2005.

VISTO: El Decreto núm. 229-07, del 19 de abril de 2007, que ratifica el Decreto núm.1090- 04, que crea la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC).

VISTO: El Decreto núm. 709-07, del 26 de diciembre de 2007, que instruye a toda la Administración Pública a cumplir con las normas y los estándares tecnológicos para el desarrollo de portales gubernamentales, conectividad interinstitucional, interoperabilidad tecnológica, de seguridad, auditoria e integridad electrónica, digitalización de documentos, así como cualquier otra normativa que sea redactada, aprobada y coordinada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación, en materia de tecnología de la información y comunicación y gobierno electrónico.

VISTO: El Decreto núm. 134-14, del 9 de abril de 2014, que dicta el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030.

VISTO: El Decreto núm. 229-18, del 19 de junio de 2018, que establece el Programa de Simplificación de Trámites (P.S.T.).

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VISTO: El Decreto núm. 374-20, del 21 de agosto de 2020, que designa funcionarios en distintas dependencias del Estado y modifica los artículos 1 y 14 del Decreto núm. 1090-04.

VISTO: El Decreto núm. 640-20, del 27 de noviembre de 2020, que instruye al Consejo Nacional de Competitividad a elaborar, articular y coordinar la Estrategia Nacional de Competitividad.

VISTO: El Decreto núm. 54-21, del 2 de febrero de 2021, que cambia el nombre de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación (OPTIC) por el de Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) como dependencia del Ministerio de Administración Pública y modifica los artículos 1 y 14 del Decreto núm. 1090-04 y deroga los artículos 7 y 8 del Decreto núm. 374-20.

VISTO: El Decreto núm. 71-21, del 8 de febrero de 2021, que crea el Gabinete de Transformación Digital con el objetivo de formular la agenda digital que contiene la estrategia nacional de transformación digital.

VISTO: El Decreto núm. 527-21, del 26 de agosto de 2021, que aprueba los objetivos y líneas de acción de la Agenda Digital 2030, como estrategia nacional de transformación digital a corto, mediano y largo plazo.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental que definirá y orientará el intercambio de información entre las instituciones públicas del Estado dominicano, para el fortalecimiento del Gobierno Digital y la medición de los avances de interoperabilidad de las instituciones públicas.

PÁRRAFO I. Los objetivos del Marco Nacional de Interoperabilidad son los siguientes:

a) Digitalizar los procedimientos institucionales de cara al ciudadano.

b) Automatizar el intercambio adecuado y seguro de datos y documentos entre los órganos del Estado.

c) Optimizar los servicios públicos digitales.

d) Reducir los costos correspondientes a la tramitación y emisión de documentos para la ciudadanía dominicana y las instituciones públicas.

e) Simplificar los trámites y reducir la duplicidad de documentos que le requieren al ciudadano a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

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f) Mejorar la experiencia del ciudadano en los procesos de gestión de servicios, documentos, solicitudes y trámites.

g) Definir el lenguaje común para el intercambio de datos e información entre las instituciones del Estado, así como un catálogo de datos y metadatos.

ARTÍCULO 2. Definiciones. Para la interpretación y aplicación del presente decreto se regirán las definiciones de términos establecidas en la Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital, así como las siguientes:

a) API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de herramientas, definiciones y protocolos que se utiliza para integrar los servicios y el software de aplicaciones. Es lo que permite que productos y servicios se comuniquen con otros, sin requerir el diseño permanente de una infraestructura de conectividad nueva.

b) Autenticación: Acreditación a través de medios electrónicos de la identidad de una persona o ente del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones y transacciones, documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.

c) Datos: Hace referencia a un valor íntegro sobre un elemento determinado, el cual por si solo carece de importancia y a través del procesamiento adecuado logra convertirse en información útil.

d) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

e) Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de interconectar datos y procesos para compartir información y conocimiento dentro del marco de la protección, la ética y la seguridad, de manera ágil, eficiente y transparente entre las administraciones públicas.

f) Interoperabilidad político-legal: Dimensión de la interoperabilidad que corresponde al conjunto de políticas y normas que permiten, regulan y condicionan el intercambio de información en la Administración Pública.

g) Interoperabilidad Organizacional: Dimensión de la interoperabilidad que define los objetivos y contenidos de los procesos de los entes de la Administración Pública que prestan servicios digitales a la ciudadanía, con el fin de proveer servicios digitales que requieren la intervención de dos o más entidades públicas.

h) Interoperabilidad Semántica: Dimensión de la interoperabilidad que se encarga de que la información intercambiada entre los diferentes sistemas informáticos de los organismos sea interpretada con un solo significado. El objetivo de esta es que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

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i) Interoperabilidad Técnica: Dimensión de la interoperabilidad que comprende las capacidades técnicas y tecnológicas necesarias para la estandarización de aspectos relativos a software, hardware, protocolos de seguridad o de red. Entre estos aspectos se encuentran los diferentes sistemas de información para interfaces, interconexión, integración de datos, prestación de servicios, presentación de la información, accesibilidad y la seguridad.

j) Lenguaje común de intercambio: Es el estándar definido por el Estado dominicano para el intercambio de información entre las instituciones públicas.

k) Medio electrónico: Se refiere a documentos, datos y/o informaciones almacenadas o transmitidas a través de un equipo o sistema, incluyendo redes de comunicación como internet, telefonía fija y móvil, entre otros.

l) Portal de Servicios Digitales del Estado: Portal web donde se ofrecen servicios digitales informativos, interactivos y transaccionales provistos por las entidades de la Administración Pública a nivel nacional y local.

m) Servicios públicos digitales: Gestión de servicios públicos ofertados por las instituciones públicas del Estado realizado por el usuario a través de un sistema de información en línea.

n) Usuarios: Toda persona natural o jurídica que accede a los servicios públicos a través de un sistema de información en línea debidamente autenticado.

o) Plataforma Única de Interoperabilidad: Recurso tecnológico que permite la integración de los sistemas de información y datos de las instituciones públicas del Estado dominicano que facilitará el intercambio de información, aumentando la eficiencia y la optimización de los servicios públicos digitales.

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto serán aplicables a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública Central, desconcentrada y organismos autónomos y descentralizados.

ARTÍCULO 4. Principios generales. El Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental está regido por los siguientes principios, además de los otros que rigen la relación entre el Estado y los particulares, de conformidad con la Constitución y las demás leyes:

a) Principio de Accesibilidad: Permite que los entornos, los productos y los servicios serán utilizados sin problema por todas y cada una de las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que están diseñados.

b) Principio de Confidencialidad: En cuya virtud la información personal será protegida para que sea divulgada sin consentimiento de la persona.

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c) Principio de Conservación: Comprende la garantía de que los datos, información y comunicaciones por medios telemáticos conservan las mismas condiciones que por medios tradicionales.

d) Principio de Eficiencia: Persigue la reducción de cargas y simplificación de procedimientos, con el fin de promover la eliminación de obstáculos injustificados.

e) Principio de Proporcionalidad: Los limites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia con la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse.

f) Principio de Conservación: Es la garantía de que los datos, información y comunicaciones por medios telemáticos conservan las mismas condiciones de mantenimiento que por medios tradicionales. En los procesos de interoperables de Gobierno electrónico, todos los agentes intervinientes se responsabilizarán de que la conservación se lleva a efecto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta sus particularidades, así como entendiendo los diferentes requerimientos nacionales en esta materia.

g) Principio de Neutralidad Tecnológica: El desarrollo de servicios de intercambio de información se deberá orientar en atención de las necesidades manifiestas de los ciudadanos, y no por la tecnología que ofrezca una herramienta o proveedor en particular.

h) Principio de una sola vez: Es el derecho de los administrados a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier ente de la Administración, pudiendo recabar los documentos electrónicamente o mediante consultas a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas habilitados para tales fines.

ARTÍCULO 5. Responsabilidades. El Marco Nacional de Interoperabilidad recae bajo la rectoría del Ministerio de la Administración Pública (MAP), y la ejecución de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC). Sus responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera:

  1. Al Ministerio de Administración Pública (MAP):

a) Establecer las políticas normativas y lineamientos del Marco Nacional de Interoperabilidad, en su calidad de órgano rector, para la utilización obligatoria por parte de los entes y órganos de la Administración Pública de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en sus relaciones con las demás administraciones y con los usuarios.

b) Definir las pautas para una gobernanza efectiva de los datos a nivel estatal e institucional donde impacte desde la creación y captura del dato, así como los aspectos de análisis, explotación de los datos, seguridad, almacenamiento,

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transmisión, gestión y uso colaborativo de la información, la clasificación de los datos y activos de información y sus niveles de acceso.

c) Establecer la estructura de gobernanza de la Plataforma Única de Interoperabilidad, incluyendo el establecimiento de un lenguaje común para el intercambio de datos e información entre las instituciones participantes, así como el catálogo de datos y metadatos.

  1. A la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC):

a) Bajo la estructura de gobernanza establecida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), desarrollar la Plataforma Única de Interoperabilidad y definir sus protocolos, modelos de interacción e interfaces.

b) Asistir a los entes y órganos de la Administración Pública en la creación y gestión de canales únicos de atención al ciudadano no presencial, de cara a facilitar el acceso interinstitucional, así como a la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil.

c) Facilitar la interconexión e intercambio de información espontánea entre los entes y órganos de la Administración Pública.

  1. A las instituciones públicas en sentido general:

a) Hacer uso de la Plataforma Única de Interoperabilidad garantizando un adecuado nivel de interoperabilidad de acuerdo con la normativa vigente.

b) Autorizar la expedición de la documentación resultante de la entrega de servicios digitales mediante firma digital o electrónica del servidor público responsable de la entidad en que presta sus servicios o en su defecto de una autoridad competente de ésta.

ARTÍCULO 6. Uso de la Plataforma Única de Interoperabilidad. Los entes y órganos de la Administración Pública deberán hacer uso obligatorio de la Plataforma Única de Interoperabilidad para compartir e intercambiar información, sin que esto implique algún tipo de tasa para las mismas.

PÁRRAFO I. Los órganos y entes que formen parte de los poderes Legislativo y Judicial, así como órganos de rango constitucional, pueden incorporar voluntariamente sus ventanillas únicas, aplicaciones u otras plataformas digitales y electrónicas al Portal Único del Estado, para lo cual deberán cumplir con los mecanismos de integración establecidos por el Ministerio de la Administración Pública (MAP).

ARTÍCULO 7. Servicios públicos digitales. Las instituciones públicas ofrecerán de forma obligatoria servicios públicos digitales, con el objetivo de optimizar la eficiencia de la Administración Pública.

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ARTÍCULO 8. Portal Único del Estado. El Portal Único del Estado es la plataforma electrónica y digital del Estado dominicano a través de la cual los ciudadanos tendrán acceso a la información, servicios y trámites de las instituciones públicas.

PÁRRAFO I. El Ministerio de Administración Pública (MAP) se encargará de desarrollar, habilitar, administrar y gestionar el Portal Único del Estado, con el apoyo tecnológico necesario de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC).

PÁRRAFO II. Los portales, sitios web, plataformas, ventanillas únicas, aplicaciones u otras plataformas digitales y electrónicas existentes en el Estado dominicano deberán integrarse al Portal Único del Estado de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

ARTÍCULO 9. Transacciones a través de medios electrónicos. Las instituciones públicas deberán habilitar medios de pago electrónico para las transacciones que se realicen asociadas con el pago de tasas o tarifas de las solicitudes, tramites, procesos y procedimientos de los servicios públicos digitales.

ARTÍCULO 10. Data Center del Estado. El Data Center del Estado será el espacio de convergencia de los recursos consolidados de tecnologías del Estado dominicano de infraestructura, software, almacenamiento de data, equipos lógicos de seguridad y espacios físicos de colocación que soporte la Plataforma Única de Interoperabilidad y del Portal Único del Estado.

ARTÍCULO 11. Aseguramiento de la seguridad cibernética y de la información. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) deberá establecer los mecanismos técnicos para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos e información intercambiada a través de la Plataforma Única de Interoperabilidad y el Portal Único del Estado.

ARTÍCULO 12. Migración digital. Se instruye a todos los entes y órganos de la Administración Pública a integrar todas sus iniciativas de interoperabilidad a la Plataforma Única de Interoperabilidad y el Portal Único del Estado.

ARTÍCULO 13. Remisión del presente decreto. Envíese a las instituciones correspondientes, para su conocimiento y ejecución.

DADO en la cuidad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022); año 178 de la Independencia y 159 de la Restauración.

LUIS ABINADER

Notas de revisión

  • Pendiente de revisión humana.
  • Estado de extracción: extraido_desde_pdf_oficial.
  • Texto extraído automáticamente del PDF oficial y refluido para legibilidad; cotejar contra el PDF.
  • El PDF contenía fragmentos de decretos vecinos; se delimitaron usando sus encabezados oficiales.